Boletín de Prensa: Gobierno pretende imponer una Ley de Tierras para el agronegocio, sobre la voluntad de miles de indígenas, campesinos y ciudadanos.

La Asamblea Nacional Legislativa comenzará hoy el debate de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales, en base al informe de mayoría presentado por Miguel Carvajal, Presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria.

Con ello, la Asamblea Nacional atropella los derechos de miles de indígenas, campesinos y ciudadanos que participaron de la construcción de la propuesta de Ley de Tierras y Territorios desarrollada por la COPISA, de las más de 40.000 personas que firmaron apoyando la presentación de esta propuesta por Iniciativa Ciudadana[1], y los acuerdos alcanzados por los distintos sectores indígenas, campesinos y rurales, entre ellos la CONAIE, sobre los contenidos que debe incluir la Ley para avanzar en una verdadera revolución agraria, deuda flagrante de este gobierno.

Además de no proceder en cumplimiento de la Ley de Iniciativa Ciudadana, por la cual la Asamblea Nacional estaba en la obligación de debatir la propuesta campesina en un lapso máximo de 180 días, el CAL cometió una ilegalidad al autorizar a la Comisión de Soberanía Alimentaria[2] que se unifiquen los 5 proyectos de ley presentados por distintos asambleístas, diluyendo la expresión de la participación popular campesina e indígena entre las propuestas de las Cámaras Empresariales, y negándole el tratamiento especial que corresponde por Ley.

Si bien la consulta previa es un derecho de los Pueblos y Nacionalidades reconocido por el derecho internacional y la Constitucion que el Estado y las autoridades deben cumplir irrestrictamente, no debe ser manituplada politicamente solo para legitimar una imposicion de un proyecto de ley no conultada ni cocensuada con los puebos y nacionlidades y la sociedad en general.

El proyecto de Carvajal, muy a pesar del discurso que posiciona en los medios, protege la gran propiedad monopólica de la tierra, no sanciona el latifundio ni la violación a la función social y ambiental de la tierra, y fortalece una institucionalidad agraria vertical que mantiene al MAGAP, históricamente volcado al agronegocio de exportación, en el centro de las decisiones.

La CONAIE junto a organizaciones campesinas, agroecológicas y de trabajadores rurales, exigimos una Ley que establezca un límite al latifundio y promueva una distribución equitativa de la tierra para los campesinos que producen para el pueblo ecuatoriano sosteniendo la soberanía alimentaria, que obligue al cumplimiento de los derechos sociales y de la naturaleza a través de la sanción concreta a las violaciones de la función social y ambiental, que garantice la integridad de los territorios ancestrales, y que concrete una institucionalidad agraria de carácter intercultural y plurinacional, participativo y democrático para el cumplimiento de la soberanía alimentaria.

Por ello exigimos que el debate se continúe sobre el proyecto de Ley de Tierras y Territorios presentado por Iniciativa Ciudadana, con la inclusión de los acuerdos y propuestas del conjunto de las organizaciones campesinas, indígenas, agroecológicas y rurales, que el único camino que garantizará que la Ley de Tierras y Territorios contribuya a la soberanía alimentaria nacional, a la democratización de la tierra y al respeto de los derechos colectivos.

[1]Presentada en 2012 por las organizaciones fraternas de la Red Agraria.

[2]Mediante resolución CAL-2013-2015-129 del 31 de julio del 2013.

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