Criminalización de la lucha y protesta social en la región amazónica del Ecuador

Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana CONFENIAE

Puyo, Pastaza

Enero de 2016

Las nuevas variantes de la represión en el Ecuador

La criminalización en la Amazonia de Ecuador está relacionada directamente con el avance de los proyectos extractivos, que en estos años se han extendido en los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas. 2015 termina como el año en que mayor represión hemos sufrido las comunidades y pueblos en resistencia al avance del capitalismo.

La represión contra el pueblo se ha convertido en una política de estado, a través de su institucionalización en distintas instancias del estado. Esto lo denunció en 2009 la Defensoría del Pueblo. La criminalización ha sido empleada como un mecanismo de control social para intimidar, neutralizar, inhibir y hostigar cualquier tipo de conducta que pueda poner en riesgo o que cuestione las expresiones de poder imperantes ya sea que estas provengan desde el Estado, así como desde otros actores particulares, en el caso de la Amazonia, las empresas mineras , petroleras, madereras y los capitales trasnacionales de grandes potencias mundiales.

Estas acciones se van construyendo e implementado desde distintos ámbitos: el normativo, la judicialización, la militarización, la acción policial y el discursivo. Estas recaen en contra de quienes exigen sus derechos y proponen cambios en las políticas estatales recurriendo a un sinnúmero de mecanismos, entre ellos la protesta.

La existencia de acciones concretas de criminalización y de actores específicos da lugar a que se configure una política de criminalización caracterizada por la intencionalidad del Estado[1]

Esta política de criminalización en 9 años de gobierno de Rafael Correa ha dado como resultado que existan cerca de 300 personas judicializadas, de los cuales casi 200 corresponden al último semestre del 2015, fenómeno directamente relacionado con la fuerte resistencia popular experimentada en estos meses en el marco del Levantamiento y Paro Nacional del Pueblo. Entre los últimos casos de judicialización durante las manifestaciones populares, cerca de 50 corresponden a personas de la región amazónica del Ecuador, por lo que este documento busca enfocarse en los procesos judiciales abiertos en esta región.

La ola represiva, lejos de disminuir, se incrementará en los próximos años para lo cual el gobierno de Alianza País ha ejecutado acciones que permitan, sin ningún control, el avance de estas políticas. La reciente aprobación de las reformas constitucionales en medio del rechazo popular y la reforma al Código Orgánico Integral Penal COIP, generan un escenario en el que líderes y luchadores populares pueden ser criminalizados por ejercer sus derecho a la resistencia, a la organización y a la protesta.

A manera de una breve descripción buscamos visibilizar los casos de represión que, como sucede en el resto del país, están a la orden del día en la Amazonía para frenar el gran potencial de lucha y resistencia social que esta región ha mantenido históricamente

Cronología de la criminalización en la región amazónica

Presentamos la siguiente cronología de criminalización de la lucha y persecución a líderes y dirigentes populares. Es evidente el ascenso de la ola represiva durante el 2015 con la mayoría de instrucciones fiscales abiertas en el último semestre de 2015 e incluye a 4 de las 6 provincias amazónicas (Orellana, Pastaza, Morona, Zamora) y a por lo menos 5 nacionalidades indígenas (Kichwa, Shuar, Achuar, Sapara, Waorani) y pueblo Mestizo de la Amazonía.

2009 Muerte del profesor Shuar Bosco Wisum en Macas durante las manifestaciones del pueblo Shuar de Morona Santiago contra la Ley de Aguas. Durante los 6 años que este proceso lleva abierto el Estado, luego de victimizarse, ha descargado la responsabilidad contra el entonces Presidente de la Federación de Centros Shuar de Morona Santiago FICSH y actual asambleísta por Pachakutik, Pepe Acacho, sentenciándolo a 8 años de prisión. El caso aún sigue abierto debido a la apelación presentada por la defensa.
2012 Muerte del joven shuar Freddy Taish durante un operativo militar contra la pequeña minería en el río Bomboiza, cantón Gualaquiza, provincia de Morona Santiago. Su asesinato continúa sin resolver tras haberse cumplido 2 años del caso.
2013 Judicialización a 10 dirigentes indígenas de Pastaza en el contexto de la resistencia contra la Décimo Primera Ronda Petrolera en la Amazonía centro sur. El proceso abierto incluye a dirigentes Mestizos, Sapara y Kichwas, incluido el presidente de CONFENIAE, Franco Viteri.
2014 Muerte del líder Shuar José Tendetza en la parroquia Tundayme, cantón Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, asesinado en el río Zamora a dos días del viaje que debía realizar a Perú para denunciar la violación de los derechos humanos en la Amazonía. Su muerte se da en el contexto de la resistencia que este líder mantenía junto a su pueblo durante varios años en la Amazonía sur frente a la empresa trasnacional minera china Ecuacorrientes ECSA, primer proyecto de mega minería a cielo abierto en el país.
2015 Agosto

Brutal represión y detención policial y militar durante las protestas del 13 de Agosto con un saldo de 34 detenidos en Pastaza, 5 en Morona, 1 en Zamora y 9 en Orellana, varios de ellos liberados horas después y muchos otros presos durante lapso de 8 días a 3 meses.

– Se abren 40 procesos judiciales contra líderes, dirigentes y representantes de base amazónicos entre agosto y septiembre: 14 procesados en Pastaza, 9 en Orellana, 16 en Morona Santiago y 1 en Zamora Chinchipe.

– Indagación previa por parte de la Fiscalía de Morona Santiago contra los dirigentes indígenas Franco Viteri, Presidente de CONFENIAE, Agustín Wachapa, Presidente de FICSH y Jorge Herrera, Presidente de la CONAIE, en respuesta a las acusaciones realizadas en redes sociales por el Ministro del Interior José Serrano, responsabilizándolos de las protestas en Macas durante el Paro Nacional.

2015

 

Septiembre y Octubre

– Continúan los procesos judiciales y durante estos meses se mantiene con prisión preventiva a 8 personas en Pastaza y 9 en Orellana cuya mayoría son liberados tras 2 y hasta 3 meses de injusta detención. El resto de procesados continúan libres con medidas sustitutivas, pero con instrucción fiscal abierta a la espera de juicio para emitir una sentencia.

Noviembre

– Detención de la mujer Waorani Mima Bay por supuesto delito de homicidio en el contexto de la actividad petrolera en el sector de Bataboro, provincia de Orellana. Luego de mantenerla en prisión durante un mes, fue declarada inocente y liberada por falta de pruebas.

Diciembre

– Detención del Vicepresidente de la Nacionalidad Achuar Marlon Vargas por un supuesto delito de agresión. Marlon Vargas es comunicador comunitario de Radio La Voz de la NAE y ha sido un líder de la defensa del territorio del pueblo Achuar, frente a las empresas extractivas en la Amazonía centro sur. Cumplió condena de 8 días de prisión. En la misma sentencia están condenados tres dirigentes más de la Nacionalidad Achuar, incluido Jaime Vargas ex presidente, de la NAE. Esta no es la única acusación que pesa sobre dirigentes Achuar, varios de ellos están acusados por la Secretaria de Hidrocarburos, por supuesto secuestro.

 

 

Secuencia de imágenes del Levantamiento y Paro del Pueblo en la Amazonía

Al gobierno represivo el pueblo responde con más resistencia

Los pueblos amazónicos hemos estado resistiendo al avance del capitalismo, desde hace muchos años. Nuestra lucha ha estado activa contra las empresas trasnacionales extranjeras y hoy continuamos nuestra resistencia frente a empresas aliadas a los estados nacionales.

El gobierno actual, ha mantenido la política de despojo a través del extractivismo en nuestros territorios y ha perfeccionado los aparatos e instrumentos de persecución y criminalización

Por su carácter estratégico, la región amazónica del Ecuador es el centro neurálgico donde el pueblo indígena y mestizo recibe todo el peso de la represión y criminalización. Las detenciones, persecuciones, procesos fiscales abiertos y las muertes suscitadas en el contexto de la lucha anti extractivista dan clara fe de lo expresado.

La violencia la genera el Estado a través de medidas económicas y decisiones políticas antipopulares que afectan los derechos fundamentales de los pueblos amazónicos, principalmente la incursión de empresas mineras y petroleras en nuestros territorios, pese a esto, la respuesta del pueblo no merma y la resistencia se mantiene firme.

Ningún poder dominará el espíritu rebelde de los amazónicos y del pueblo ecuatoriano

A la represión el pueblo responde con más resistencia y más rebeldía

La resistencia crece y vencerá

 

[1] Defensoría del Pueblo Ecuador, Dirección Nacional de Promoción de Derechos Humanos y de la Naturaleza, “Los escenarios de la criminalización a defensores de derechos humanos y de la naturaleza en ecuador: desafíos para un estado constitucional de derechos” Informe temático, 2012.

Documento en inglés: Aquí