Estado Ecuatoriano no asistió a Audiencia ante la CIDH por violación al derecho de la libertad de asociación

Redacción: Jumandy Tualombo
Estado
Foto: CIDH

El Estado Ecuatoriano, presidido por Rafael Correa Delgado, no asistió a la Audiencia temática pueblos indígenas y libertad de asociación en la Comisión Interamericada de Derechos Humanos (CIDH) el día lunes, 04 de abril de 2016, aludiendo que  “rechaza la utilización de este foro Interamericano para exponer insistentemente supuestos reclamos sobre casos particulares” según la carta enviada al Organismo Internacional de Derechos Humanos.

Según afirma la carta, que fue leído durante la Audiencia, es que “este mecanismo (audiencias) atenta no solo contra el procedimiento reglamentario de la Comisión, si no también a los derechos de defensa del Estado Ecuatoriano”.

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Foto: CIDH

Los peticionarios fueron la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), el Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) y la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), con la finalidad de denunciar y visibilizar la situación actual de vulneración al derecho de la libertad de asociación de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas del país desde que el Gobierno de Ecuador trasladó las competencias de registro y legalización de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas a la Subsecretaría de Pueblos e Interculturalidad que pertenece a la Secretaria Nacional de la Gestión de la Política.

Dicha institución del gobierno de turno se encarga de registrar y legaliza a su conveniencia las directivas, según afirmaron los peticionarios ante la CIDH. Si una comunidad o autoridad se opone a las políticas gubernamentales no es registrada y legalizada afirmaron los líderes indígenas como Jorge Herrera, Franco Viteri y Bartolo Ushigua ante los Comisionados. Además, el gobierno crea organizaciones paralelas para generar conflictos internos en la organización, así testificó el predidente de la Confeniae, Franco Viteri.

Jorge Herrera, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE mencionó ante la Comisión que el actual gobierno busca estrategias para dividir a las organizaciones que históricamente se han conformado y estructurado en beneficio de la sociedad, por lo que recurren a instancias internacionales para que sea observada y se garantice este derecho fundamental en el país.

Franco Viteri, presidente de la regional amazónica, expuso y denunnció que el intento de fragmentación y debilitamiento de las estructuras organizativas por parte del estado creando dirigencias paralela para contrarrestar la resistencia que la región lleva a cabo en contra de las empresas extractivas y en rechazo a las políticas estatales que afecta la zona.

Manari Ushigua, presidente de la Nacionalidad Sápara ratificó que el objetivo de la división organizativa es para ejecutar la explotación del petróleo en sus territorios, principalmente en el bloque 79 y 83 con la empresa Andes Petroleum.

Wilson Ordoñez, abogado de la Conaie, solicitó ante los Comisionados que:

  • Recomiende al Estado Ecuatoriano que adecúe la normativa interna para respetar y garantizar el derecho a la libertad de asociación de los pueblos indígenas.
  • Recomiende al Estado Ecuatoriano que la competencia sobre legalización y registro de las nacionalidades y pueblos y sus respectivas directivas radique en un órgano independiente a una Secretaría o Ministerio del Ejecutivo y, que tome en cuenta los principios internacionales sobre participación y representación de los pueblos indígenas.
  • Recomiende al Estado Ecuatoriano que cualquier política pública, inclusive en el ámbito normativo para regular la situación de la legalización y registro de las autoridades indígenas, debe respetar los estándares sobre consulta previa.

  • Recomiende al Estado Ecuatoriano que se abstenga de interferir en la creación de directivas y autoridades paralelas que fomenten la crisis política y el rompimiento de relaciones entre pueblos y nacionalidades indígenas.

  • Recomiende al Estado Ecuatoriano que revise sobre la inscripción de autoridades que no necesariamente han sido elegidas de forma legítima siguiendo las organizaciones y costumbres de cada pueblo y nacionalidad, y que en el caso de encontrar irregularidades, revocar este reconocimiento estatal.

El Estado Ecuatoriano envió un comunicado a la CIDH, el que fue leído ante los peticionarios, y en el que se manifestaba que “Ecuador insiste en señalar que en estas convocatorias a audiencia temáticas se desnaturaliza el carácter jurídico contenido en el artículo 66 del reglamento de la comisión”. A decír de Ecuador porque “la sustanciación de una audiencia de carácter general no ampara la posibilidad jurídica para conocer asuntos particulares como se desprende de las solicitudes presentadas para la citada convocatoria”.

En el apartado, el Gobierno de Ecuador rechazó la supuesta utilización de este foro Interamericano para exponer insistentemente, a decir de ellos (Gobierno de Rafael Correa), supuestos reclamos sobre casos particulares.