Federación Internacional de Derechos Humanos llama a priorizar diálogo y no criminalizar la protesta social sobre caso Nankints

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Mediante un comunicado la Federación Internacional de Derechos Humanos, FIDH, junto a sus organizaciones miembros de Ecuador hacen un llamado a las “autoridades para que se respeten los derechos de las comunidades indígenas de la zona de Morona Santiago y se dé prioridad al diálogo y no a las acciones represivas”. Así lo dieron a conocer hoy, 16 de diciembre, a través de su portal web.

Se señala que lamentan “los trágicos acontecimientos” suscitados el día miércoles 14 de diciembre que dejaron el saldo de un fallecido y varios heridos tanto de la fuerza pública como miembros de la nacionalidad shuar “que permanecen en la selva sin atención médica debido a la militarización de la zona”.

“Por ello, exhortamos al gobierno ecuatoriano a no agudizar aún más la conflictividad social que se viene presentando en esa zona a través del Estado de excepción declarado” el el 14 de diciembre de 2016.

La FIDH y sus integrantes en Ecuador dicen estar preocupados por “la declaración del estado de excepción” porque temen que “sea utilizada para reprimir y criminalizar la protesta social que se presenta en esa zona, a causa de la imposición de un proyecto minero que vulnera el medio ambiente y los derechos ancestrales de los pueblos indígenas que allí habitan”.

Resaltan el llamado que hacen a las partes para “buscar una salida pacífica y efectiva a este conflicto con tan lamentables consecuencias”. Reiteran el pedido que han hecho a la Defensoría del Pueblo en semanas anteriores “para que promueva y organice un proceso para la resolución pacífica de este conflicto”.

El comunicado culmina señalando que estarán “vigilantes de las acciones que tome el gobierno en el marco del Estado de Excepción declarado para evitar que se vulneren los derechos humanos de las comunidades de la zona”. Recordaron que las organizaciones presentaron documentos sobre “múltiples casos de criminalización de protesta social” que consta en el informe “Criminalización de la protesta social frente a proyectos extractivos en Ecuador”.