Los criminalizados, un tema pendiente para el diálogo

La supuesta criminalización de la protesta social es una de las principales preocupaciones 
de la dirigencia indígena, a un mes de que termine el mandato de Rafael Correa.

Y también es una prioridad para pensar en posibles acercamientos entre los indígenas y el presidente electo. 
Lenín Moreno hizo público su objetivo de restaurar su relación con la Conaie. Pero las buenas intenciones no son suficientes para la dirigencia indígena, según el presidente de la Ecuarunari y miembro del Consejo de Gobierno de la Conaie, Carlos Pérez Guartambel.

El jueves pasado Agustín Wachapá, presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar (Ficsh), recibió medidas sustitutivas por una querella en su contra por, supuestamente, haber llamado públicamente a la agresión a la fuerza pública. Tras pagar una fianza de USD 6 000, podrá defenderse en libertad. 
Dentro de las acusaciones en contra de Wachapá pesa la muerte del policía José Mejía, tras enfrentamientos entre policías y militares y pobladores que protestaban en contra del proyecto minero en Panantza, en Morona Santiago. Él fue apresado, y el 21 de diciembre la jueza Yolanda Ottati dictó prisión preventiva.

Según la Conaie, 98 personas enfrentan procesos legales por ataque y resistencia, terrorismo, rebelión, entre otros. La organización resume todo en persecución política. 
Harold Burbano, abogado de la Conaie, señala que 16 personas ya cumplieron su condena y 36 aún no han recibido boletas de captura o se encuentran en la clandestinidad. Varios casos surgieron a partir de las protestas de agosto del 2015, que se iniciaron por temas políticos, como las enmiendas a la Constitución o proyectos mineros y petroleros.

Un cambio de Gobierno es una oportunidad para acercamientos, según el exalcalde de Quito, militante de Alianza País y catedrático de la Flacso, Augusto Barrera. A título personal, él considera lamentable que haya sectores de la oposición que plantean una estrategia confrontativa desde el inicio. Pero cree que es momento de tomar la palabra de Moreno para diseñar un modelo basado en el diálogo y la concertación. 
Barrera afirma que hay cuatro sectores prioritarios para ese diálogo: el productivo; el de la organización social y la política agraria; la educación y salud; y los temas mineros y de orden público.

Pero para lograr verdaderos avances, no debería existir una posición infranqueable, sino una voluntad de construir un terreno común. Para ello -dice 
Barrera- no debe haber precondiciones. Él cree que antes de liberar a detenidos o cerrar procesos, es importante analizar caso por caso. Esta -asegura- no es una decisión del Gobierno sino que debe basarse en procedimientos legales. 
Para ello hay al menos tres vías: que el Ejecutivo declare un indulto, que la Asamblea procese una amnistía o que se planteen recursos de revisión de sentencias.

Para llegar a conclusiones -agrega- será necesario revisar sentencias en firme, procesos, niveles de ejercicio de violencia, etc. y que la persecución por ideas no puede ni debe existir. 
Para el asambleísta electo Augusto Espinosa un posible indulto no implica permitir la generación de violencia o dejar delitos sin sancionar. 
En medio del debate, Humberto Cholango ha ensayado una posición de mediador. Él acudió a una reunión entre Moreno y dirigentes indígenas afines al Régimen. Allí expuso las preocupaciones de la Conaie, a título personal.

Desde esa posición, afirma que el estancamiento en casos como el de Saraguro, o el proceso en contra de Jorge Herrera, presidente de la Conaie, por paralización de servicios públicos, son muestras de buena voluntad del nuevo Gobierno. 
“Conozco el tema de manera más cercana”, dijo, y por ello cree que también las medidas sustitutivas para Wachapá pueden significar avances reales en una reconciliación entre el oficialismo y la Conaie.

Pérez Guartambel celebra cualquier posibilidad de diálogo sincero y honesto, pero dice que la Conaie no se prestaría “para ser utilizado como un folclor más del correísmo”. 
Si hay una verdadera intención de diálogo, este debería centrarse en el problema central: el extractivismo. Según su criterio, es necesario evitar que se siga rompiendo comunidades, contaminando y llegando a casos de muertes como las de Freddy Taish, Bosco Wisuma y José Tendentza.

Pérez enfrenta un proceso por supuesto robo de celulares a policías, en el levantamiento del 2015, y estuvo preso por 18 días entre el 2009 y el 2014; él cree que retomar relaciones no es posible todavía. Recuerda que en el 2007, la Constituyente ya aplicó una amnistía, pero 10 años después el problema social persiste.

Fuente: El Comercio